Quienes se incorporen al RIFL accederán a importantes beneficios en materia de cargas sociales por cada nuevo trabajador registrado, durante un período de cuatro años, como parte de los incentivos establecidos para promover la creación de empleo formal.

El Gobierno de Javier Milei avanzó este lunes con la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), a través del Decreto 315/2026, que pone en marcha el Título XX de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo habilita la aplicación efectiva de un esquema que busca promover la registración de trabajadores en el sector privado mediante beneficios fiscales para los empleadores.

El RIFL había quedado pendiente de reglamentación desde su aprobación y ahora comienza a operar con el objetivo de reducir la informalidad laboral y estimular nuevas contrataciones formales. El eje central del programa es la disminución de las cargas sociales, que pasarán de niveles cercanos al 18% o 20% a aproximadamente un 3%, según el subsistema, lo que representa un fuerte incentivo económico para las empresas.

El régimen otorga beneficios por un plazo de hasta 48 meses por cada nuevo trabajador registrado y se aplica únicamente a relaciones laborales iniciadas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Está dirigido a empleadores del sector privado registrados a fines de 2025, que podrán incorporar hasta el 80% de su plantilla bajo este esquema, y a trabajadores que se encuentren sin empleo formal previo, hayan estado recientemente desempleados, provengan del monotributo o del sector público. La medida no alcanza a empleados ya registrados y prevé la pérdida del beneficio en caso de incumplimientos.

En términos prácticos, el programa reduce de manera significativa el costo laboral para las empresas, lo que podría incentivar la creación de empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, también se plantean riesgos como la posible rotación de personal para acceder a beneficios o el impacto a largo plazo en el financiamiento del sistema previsional. Para los trabajadores, el ingreso al empleo formal no modifica el salario de bolsillo ni las prestaciones, aunque abre el debate sobre sus efectos estructurales en el sistema laboral y de seguridad social.