En el año y medio desde el inicio del congelamiento de los salarios públicos, los créditos UVA se ajustaron un 52%, lo que incrementó la brecha para muchos deudores hasta niveles difíciles de afrontar. Esta situación generó un aumento significativo en la carga financiera de quienes mantienen estos préstamos. Para numerosos beneficiarios, los pagos se volvieron prácticamente impagables.

El año pasado, los bancos otorgaron 44.305 créditos hipotecarios con garantía real, incluidos a funcionarios del Gobierno de Javier Milei, legisladores y miembros del Poder Judicial. Aunque esta cifra representa la mejor marca pospandemia, es un 22% inferior a los niveles de 2017 y 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. Estos préstamos no son accesibles para cualquiera, ya que requieren ingresos altos para cubrir las cuotas iniciales y el margen de repago considerando todas las obligaciones del deudor.

La cláusula de indexación UVA y la lenta capitalización de los primeros meses provocan que los deudores deban más de lo prestado apenas iniciada la operación, y con los salarios públicos congelados durante año y medio, el ajuste acumulado del 52% volvió las cuotas casi impagables. Esta situación derivó en que muchas familias consulten por la cancelación anticipada de sus hipotecas o pongan en venta sus propiedades para reducir los costos de vivienda frente a la nueva realidad financiera.

El mercado inmobiliario respondió a esta coyuntura con un aumento de la oferta de propiedades entre un 5% y 10%, destacando que de las más de 110.000 unidades en stock, casi 80.000 son departamentos. La menor disponibilidad de crédito y los salarios en dólares que no acompañan los precios hicieron que las operaciones se concreten entre 4% y 6% por debajo del valor publicado, mientras que en los últimos diez años, los créditos UVA transformaron a cerca de 200.000 argentinos en propietarios, aunque muchos enfrentan ahora dificultades para mantener sus cuotas.