El régimen tendrá una duración de cuatro años, período durante el cual se aplicarán los cambios previstos en el mercado laboral. La sostenibilidad del esquema dependerá en gran medida de que aumente la recaudación a partir de una mayor formalización del empleo, es decir, de que más trabajadores pasen a estar registrados.

El proyecto de reforma laboral fue aprobado en el Senado con una rebaja de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales. Esta modificación implica un alivio neto para las empresas, incluso considerando el nuevo aporte del 1% para grandes compañías y del 2,5% para Pymes destinado al Fondo de Asistencia Laboral. El costo fiscal directo anual inicial se calcula en torno al 0,47% del PBI, aproximadamente la mitad de lo que contemplaba la versión original del proyecto.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el costo fiscal directo anual de toda la reforma se redujo cerca de un 48% frente a la propuesta inicial. Mientras el texto original implicaba un gasto equivalente al 0,89% del Producto Bruto Interno, la versión finalmente aprobada lo ubicó en 0,47%. El objetivo central del Gobierno de Javier Milei es que la reducción de cargas impulse la formalización laboral, ampliando la base de aportes y compensando así la merma de ingresos del sistema previsional.

El aporte del 3% destinado al Fondo de Asistencia Laboral podría rondar los 2.600 millones de dólares tomando como referencia el salario bruto promedio informado al SIPA, aunque si se consideran los datos de remuneraciones salariales del INDEC, el monto anual podría acercarse a los 4.700 millones. En el plano internacional, el análisis comparó la carga tributaria laboral con países de la OCDE, donde Argentina se mantiene en una posición intermedia. Tras la reforma, la presión sobre el costo laboral bajaría levemente, con una reducción mayor para trabajadores incluidos en el régimen de incentivo a la formalización.

La disminución de contribuciones no es una medida inédita en el país. En la década de 1990 ya se aplicaron recortes similares y en 2001 se profundizaron, lo que terminó afectando el financiamiento previsional sin lograr los resultados esperados en materia de empleo. Diversos análisis señalan que aquellas reformas no estuvieron acompañadas por condiciones económicas favorables ni por un crecimiento sostenido. Si la economía hubiese avanzado a un ritmo más alto durante los últimos años, los salarios actuales serían considerablemente mayores, pero ese escenario no se concretó.