El sector mayorista denunció que existe un marco de impunidad acompañado por una doble garantía que permite que se sigan recaudando fondos millonarios sin controles efectivos. Además, advirtió que no hay mecanismos claros de transparencia ni instancias de rendición de cuentas a las que pueda acceder el público, lo que, según sostienen, favorece la opacidad en el manejo de esos recursos.

La incorporación de cambios de último momento en el proyecto de Ley de Modernización Laboral que debatirá el Senado generó una fuerte reacción de sectores empresarios. Según sostienen, la modificación otorgaría impunidad y establecería una doble garantía para que determinadas organizaciones continúen recaudando sumas millonarias sin mecanismos de rendición pública ni acceso transparente a la información.

La polémica se centra en el artículo 128, que introduce cambios en la Ley 14.250. Allí se dispone que, desde el 1 de enero de 2028, las cuotas solidarias que los sindicatos descuentan a trabajadores no afiliados dejarán de ser obligatorias. A partir de esa fecha, ningún empleado podrá sufrir descuentos sindicales sin otorgar previamente su consentimiento expreso e individual, mientras que también se fijan límites a las contribuciones patronales destinadas a cámaras empresarias y sindicatos, con topes del 0,5% y 2% respectivamente.

Desde el sector mayorista advirtieron sobre un posible conflicto de intereses, señalando que entidades como la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa participan en negociaciones paritarias y, al mismo tiempo, administran aportes obligatorios mediante el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio. Según denuncian, estos fondos, que se nutren del equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A aplicado a más de un millón de trabajadores del sector, se redistribuyen principalmente entre dichas entidades bajo el argumento de capacitación, lo que implicaría que se benefician directamente de los aumentos salariales que ellas mismas negocian.

Las críticas también apuntan a la falta de transparencia sobre el destino de los recursos, ya que, según se afirmó, no existe trazabilidad clara ni se detalla qué proporción se destina efectivamente a capacitación y cuál a otros fines. Además, se cuestiona la representatividad de algunas organizaciones beneficiarias. En este contexto, se recuerda que una normativa previa ya había establecido el carácter voluntario de estos aportes y que, con la nueva ley, se reafirma que las contribuciones especiales a sindicatos no podrán superar el 2% de los salarios, mientras que desde 2028 los aportes patronales a cámaras y asociaciones serán estrictamente voluntarios y no obligatorios para empleadores que no estén asociados a dichas entidades.