Las exportaciones del sector minero alcanzaron un máximo histórico durante 2025, impulsadas principalmente por el aumento en los envíos de litio, oro y otros minerales estratégicos. Este desempeño permitió consolidar un crecimiento sostenido en las ventas externas y aportó divisas en un contexto económico desafiante para el país.

La minería se consolidó como uno de los pilares del plan económico oficial, con resultados que volvieron a colocar al sector en el centro de la agenda pública. En 2025, las exportaciones superaron los 6.000 millones de dólares y marcaron un máximo histórico, lo que reflejó un crecimiento sostenido en la última década y renovó las expectativas sobre su aporte al desarrollo del país.

No obstante, un análisis de la consultora Invecq advierte que este desempeño convive con un nivel de desarrollo aún bajo frente al potencial geológico argentino. Aunque las ventas externas del sector crecieron con fuerza y representaron cerca del 7% del total exportado, la minería aporta menos del 1% del PBI, una cifra muy inferior a la de países vecinos como Chile y Perú, donde la actividad tiene un peso central en la economía.

El informe señala que la brecha entre potencial y realidad es amplia: de más de 300 proyectos metalíferos identificados, solo una porción mínima se encuentra en producción o en etapas avanzadas. En ese marco, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aparece como una herramienta clave para destrabar inversiones, con proyectos ya aprobados por miles de millones de dólares y un fuerte impacto concentrado en provincias como Santa Cruz y San Juan. Entre los minerales estratégicos, el cobre se destaca como la gran oportunidad pendiente, en un contexto de creciente demanda global.

En términos de empleo y desarrollo regional, la minería ya genera más de 120.000 puestos de trabajo formales y bien remunerados, especialmente en zonas con pocas alternativas productivas. Sin embargo, Invecq remarca que para transformar el potencial en realidad se requiere estabilidad macroeconómica, continuidad de los incentivos, respeto al rol de las provincias y mayor claridad en el marco ambiental. En particular, plantea la necesidad de ajustes y precisiones en la Ley de Glaciares, con criterios técnicos y científicos claros que permitan compatibilizar la protección ambiental con un desarrollo minero sostenible.