La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó formalmente al Gobierno una disminución porcentual en las sanciones económicas aplicadas a las pymes que no presenten documentación en los plazos establecidos o de manera incompleta. 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Gobierno de Javier Milei que reduzca los montos de las multas establecidas para las pequeñas y medianas empresas que no cumplan con los plazos de presentación de las declaraciones juradas bajo la Ley de Inocencia Fiscal. La entidad advirtió que la actualización de las sanciones superó el 100.000%, lo que puede generar un perjuicio significativo para las pymes, y propuso que se implementen normas complementarias que ajusten los importes según la capacidad económica de cada contribuyente.

En su propuesta, CAME sugirió un esquema de reducción porcentual de las multas: las microempresas y personas humanas deberían recibir un descuento del 90%, las pequeñas empresas del 70%, las medianas Tramo I del 40% y las medianas Tramo II del 20%. Además, la entidad había solicitado que los contribuyentes pudieran pedir plazos adicionales para presentar la declaración jurada mediante una Presentación Digital, evitando así la aplicación automática de las sanciones.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplicará multas automáticas, sino que primero enviará un recordatorio de 10 a 15 días hábiles para que los contribuyentes regularicen su situación. El funcionario remarcó que las penalidades se ajustarán según la cantidad de días de demora y la recurrencia de los incumplimientos, diferenciando entre retrasos ocasionales y faltas reiteradas, con el objetivo de no afectar de manera desproporcionada al sector privado.

De acuerdo con cálculos de expertos, las sanciones previstas en el artículo 38 se incrementaron de manera significativa: de $200 a $220.000 para personas físicas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas. Esto representa un impacto considerable para las pymes, que pueden enfrentar dificultades administrativas menores, como retrasos de un día, y aún así recibir multas elevadas, lo que CAME considera excesivo y perjudicial para la actividad económica del sector.