El organismo se encuentra frente a obligaciones de pago que ascienden aproximadamente a 9,6 billones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de los compromisos financieros que debe afrontar en el corto plazo. Estos vencimientos incluyen distintos instrumentos y deudas acumuladas, y su cumplimiento será clave para mantener la estabilidad fiscal y evitar presiones adicionales sobre los mercados.

La Secretaría de Finanzas anunció la apertura de la primera licitación del año 2026, en la que se ofrecerán diversos títulos públicos del Tesoro Nacional. Esta convocatoria marca el inicio del calendario anual de licitaciones del organismo, dependiente del Ministerio de Economía, y tiene como objetivo principal renovar vencimientos de deuda que alcanzan aproximadamente los 9,6 billones de pesos. La recepción de ofertas incluirá letras y bonos capitalizables tanto en pesos como vinculados al dólar, buscando garantizar la continuidad del financiamiento público en un contexto de liquidez ajustada.

Entre los instrumentos a licitar en pesos se destacan letras del Tesoro con distintos vencimientos a lo largo del año, algunas con reapertura de emisiones anteriores y otras de nueva colocación, incluyendo bonos capitalizables y títulos ajustados por CER, además de letras a tasa TAMAR y bonos cero cupón. Por su parte, en moneda extranjera se ofrecerán letras vinculadas al dólar con vencimientos a corto plazo y formato cero cupón, destinadas a captar fondos frescos en el mercado internacional y mantener la estabilidad de los compromisos del Tesoro.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 15 del miércoles 14 de enero, mientras que la liquidación de los títulos adjudicados se realizará el viernes 16. Desde SBS señalaron que la expectativa del mercado se centra no solo en la disponibilidad de los instrumentos, sino también en las tasas que resulten de la licitación, dado que la liquidez en pesos continúa limitada. Esta operación representa la segunda acción financiera importante del Gobierno tras el pago de 4.200 millones de dólares a bonistas privados y será clave para evaluar la confianza que los inversores depositen en la administración central.