El conflicto sindical tiene el potencial de repercutir más allá del gremio y podría generar tensiones en todas las empresas dedicadas al sector metalúrgico. Las tensiones internas y las disputas por el control del sindicato podrían afectar la normal producción, la coordinación laboral y las relaciones entre empleados y empleadores. 

Una disputa interna en un sindicato clave para las terminales del puerto Zárate-Campana escaló hasta el fuero penal, generando preocupación también en el ámbito empresarial. El conflicto comenzó cuando Carlos Gutiérrez, secretario general de la CGT regional Zárate-Campana y dirigente opositor, denunció penalmente al oficialismo encabezado por Luis García Ortíz, quien dirige ASIMRA desde el retorno de la democracia en 1983.

Los cargos presentados ante el Juzgado Criminal y Correccional 36 incluyen falsificación de documento público, estafa y asociación ilícita. Gutiérrez cuestiona que la conducción oficialista del sindicato actúe como “okupas” y denuncia irregularidades en la lista presentada por el oficialismo, la Gris, Celeste y Blanca, que según él incumple estatutos y contiene candidaturas no legítimas, incluyendo empleados del sindicato y jubilados sin aportes válidos.

El conflicto se intensificó cuando la junta electoral anuló la lista opositora, Azul y Marrón, alegando motivos formales, lo que llevó a Gutiérrez a judicializar la situación y a solicitar la nulidad de la decisión. Tras la verificación de informes de organismos públicos, se detectaron irregularidades en la lista oficialista similares a las que se le imputaban a la opositora, reforzando el planteo de la Azul y Marrón ante la justicia y la cámara de apelaciones.

En este marco, Gutiérrez y su equipo de abogados, patrocinados por el Estudio Recalde, se comprometieron a presentar oficialmente la prueba recabada y aseguraron que buscan garantizar el derecho de los trabajadores a votar y a contar con una conducción legítima. Mientras tanto, los asesores de la lista opositora iniciaron acciones penales por los posibles delitos cometidos por el oficialismo, mientras certificaban ante escribano las firmas de seiscientos avales para proteger su participación en el proceso electoral.