El fuerte cimbronazo generado por la reciente crisis financiera en Tierra del Fuego dejó al descubierto tensiones internas en el gabinete provincial, con renuncias y cuestionamientos cruzados entre funcionarios. La situación económica estremeció a la administración local, provocando diferencias sobre la gestión y la toma de decisiones en medio de un escenario de incertidumbre.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, inició una reestructuración de su gabinete tras la renuncia de los principales integrantes de su equipo económico y de otros funcionarios clave, en medio de la profunda crisis financiera que afecta a la provincia austral. Esta situación representa el desafío más grave de su segundo mandato, y obligó a buscar reemplazos para asegurar la continuidad administrativa y el pago de salarios y aguinaldos. Francisco Devita, quien estaba al frente de las finanzas, fue reemplazado por el contador público Alejandro Barroso Marte, mientras que otros funcionarios como el secretario de Finanzas y la directora de Hacienda también dejaron sus cargos.

El cimbronazo provincial no pasó desapercibido en la Casa Rosada, que lanzó críticas hacia la gestión peronista de Melella. Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, señaló que las provincias gobernadas por kirchneristas enfrentan mayores cargas impositivas y peores resultados económicos. Desde el gobierno provincial respondieron con denuncias sobre centralismo y abandono, destacando que Tierra del Fuego fue la única provincia que no recibió recursos de los ATN y que tuvo que cubrir programas nacionales con fondos propios.

Melella defendió los cambios y buscó minimizar el dramatismo en sus redes sociales, aclarando que la salida de Devita fue consensuada y que no se trataba de un “cimbronazo”, sino de ajustes planeados con antelación. Resaltó además que la provincia pudo cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos de manera puntual, utilizando herramientas financieras habituales como adelantos de coparticipación, y que se estaban tomando medidas para garantizar la estabilidad de enero.

Mientras tanto, los opositores y sectores libertarios aprovecharon la situación para cuestionar al gobernador y su gestión económica, presentando las renuncias como prueba de la supuesta “quiebra” de la provincia. Desde el oficialismo provincial, en cambio, apuntaron contra las políticas nacionales, denunciando que la apertura de importaciones perjudicó a la industria local y acusando a la Nación de maniobras que buscan debilitar al gobierno fueguino y captar territorio político.