El ministro de Economía afirmó que, antes de avanzar con la aplicación de sanciones, ARCA enviará avisos y recordatorios a los contribuyentes para advertir sobre posibles incumplimientos. Sin embargo, detalló que las multas vigentes, que actualmente son de $200 para personas humanas y $400 para empresas, sufrirán un fuerte incremento y pasarán a ser de $220.000 y $440.000, respectivamente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a las críticas por el esquema de multas automáticas que prevé el proyecto de Inocencia Fiscal, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. En ese marco, adelantó que se aplicará un mecanismo menos rígido para los contribuyentes que presenten sus declaraciones fuera de término, con el objetivo de evitar sanciones inmediatas ante demoras puntuales.

Según explicó el funcionario, antes de iniciar una intimación formal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero enviará avisos previos con un plazo de entre 10 y 15 días hábiles. Solo una vez vencido ese período se avanzará con la sanción correspondiente. Además, el organismo contemplará la cantidad de días de atraso, diferenciando incumplimientos ocasionales de conductas reiteradas, con la posibilidad de aplicar penalidades más leves en los primeros casos.

Pese a esta flexibilidad anunciada, el impacto económico de las multas previstas sigue siendo significativo. Las sanciones por no presentar declaraciones juradas en tiempo y forma, que hoy ascienden a $200 para personas humanas y $400 para empresas, pasarían a $220.000 y $440.000, respectivamente, lo que implica incrementos superiores al 100.000%. Especialistas advirtieron que este nivel de multas puede resultar especialmente gravoso para pymes que enfrentan demoras administrativas circunstanciales.

El proyecto busca incentivar la formalización de ahorros actualmente fuera del sistema, estimados en más de US$276.000 millones, mediante un régimen con mayor previsibilidad. Entre sus ejes se incluyen el aumento de los umbrales del régimen penal tributario, la extinción de la acción penal con el pago de la deuda y la creación de un esquema simplificado de Ganancias. Analistas coinciden en que la iniciativa puede fortalecer la confianza, aunque señalan que su efectividad dependerá de una reglamentación clara y de una aplicación equilibrada por parte de ARCA.