El presidente de la Unión Industrial Argentina se pronunció sobre el proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso, al tiempo que analizó el impacto que podría tener la iniciativa en el mercado de trabajo y en el clima de inversión. Además, se refirió a las perspectivas económicas y productivas para 2026, con expectativas puestas en una mayor previsibilidad, crecimiento del empleo y recuperación de la actividad industrial.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, remarcó la importancia de impulsar la creación de empleo y disminuir la litigiosidad laboral, al tiempo que manifestó su inquietud por el estancamiento de la actividad económica y la pérdida de competitividad en un contexto que definió como de transición. En ese marco, analizó la propuesta de reforma laboral enviada por el Gobierno, junto con la situación macroeconómica y las proyecciones de inflación y tipo de cambio para el próximo año, y subrayó la urgencia de actualizar el marco normativo para reactivar la producción.

Rappallini explicó que la UIA, junto con el Grupo de los Seis, viene trabajando desde hace varios meses en iniciativas orientadas a mejorar la empleabilidad y reducir de manera significativa los niveles de litigiosidad. Señaló que desde hace más de una década no se genera empleo registrado de forma sostenida, lo que refleja la profundidad del problema laboral. En ese sentido, sostuvo que la reforma busca modificar los incentivos actuales, que favorecen los juicios laborales por sobre la productividad, y poner el foco en reglas más claras y previsibles para empresas y trabajadores.

El titular de la UIA reconoció que la conflictividad judicial representa una preocupación permanente para el sector empresario, debido al impacto de juicios de montos elevados derivados de multas y mecanismos financieros que encarecen los costos laborales. Destacó la necesidad de avanzar hacia un esquema que priorice la creación de empleo, incluyendo herramientas como un fondo de cese que reemplace gradualmente el sistema indemnizatorio tradicional, y puso como ejemplo la regularización de prácticas laborales ya existentes que hoy carecen de respaldo normativo.

En relación con la actividad industrial, advirtió sobre un freno marcado desde mediados de 2025, especialmente en los sectores más rezagados, donde ya se observan cierres de empresas y procesos de crisis. Si bien coincidió en que el país atraviesa un proceso de normalización económica, señaló que la transición resulta compleja y que aún no se perciben con claridad los efectos positivos en inversión y crédito. De cara a 2026, se mostró moderadamente optimista respecto a una baja sostenida de la inflación, aunque insistió en que será clave avanzar con reformas estructurales, mejorar la competitividad y reducir los costos internos para sostener el crecimiento.