La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas manifestó sus diferencias con el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, en particular en lo referido al tratamiento de los juicios laborales, y planteó la necesidad de introducir modificaciones que, a su criterio, permitan brindar mayor previsibilidad y reducir los riesgos legales para el sector.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas expresó su acompañamiento a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, aunque advirtió sobre la necesidad de introducir cambios al proyecto oficial. Desde el sector consideraron positiva la intención de actualizar el marco normativo, al entender que una modernización de las reglas laborales puede contribuir a ordenar el sistema, brindar mayor previsibilidad y disminuir los conflictos entre empleadores y trabajadores.

No obstante, los mayoristas señalaron que una reforma de esta envergadura requiere un debate profundo y un andamiaje legal claro, acorde a las condiciones actuales y a los desafíos de los próximos años. En ese sentido, pusieron el foco en la problemática de los juicios laborales, al advertir que muchas empresas, especialmente las PyME, enfrentan sentencias judiciales de montos imposibles de afrontar, lo que no solo compromete la continuidad de las firmas sino también la preservación de los puestos de trabajo.

Uno de los principales cuestionamientos de CADAM se vinculó con el mecanismo de actualización de las condenas laborales. El sector manifestó su rechazo a la combinación del índice de inflación con tasas de interés, al considerar que ese esquema multiplica de manera desproporcionada los montos a pagar y puede derivar en cierres empresariales. Además, advirtieron que este sistema entra en contradicción con la normativa vigente que prohíbe la indexación de sumas de dinero.

Entre las modificaciones propuestas, los empresarios plantearon volver a un sistema de actualización basado en tasas bancarias, eliminar las cuotas solidarias y otros aportes obligatorios establecidos en convenios colectivos, y establecer el carácter voluntario de contribuciones patronales especiales. Asimismo, solicitaron que el empleador deje de actuar como agente de retención de aportes sindicales y respaldaron medidas orientadas a desalentar la llamada industria del juicio, promoviendo mayor responsabilidad en los reclamos y procedimientos que eviten litigios prolongados sin impulso de las partes.