La provincia dio luz verde a un proyecto de cobre, marcando un giro respecto de su postura antiminera de los últimos años. En paralelo, las compañías del sector aguardan que el Congreso avance en una norma que permita a cada jurisdicción definir sus propios criterios para la protección de los recursos hídricos.

Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de la minería argentina, ya que dos debates parlamentarios y la respuesta social hacia fin de año definirán el rumbo del sector para las próximas décadas. El cobre —considerado estratégico a nivel global tanto para la transición energética como para la industria militar— concentra el mayor interés, con inversiones proyectadas que rondan los US$ 35.000 millones en los próximos años.

El puntapié inicial llegó desde Mendoza, que dio una señal contundente al sector al aprobar un proyecto clave y revertir su postura antiminera de los últimos tiempos. Paralelamente, el Congreso deberá tratar antes del 30 de diciembre una actualización del régimen de la Ley de Glaciares, incluida en el temario de sesiones extraordinarias, que resulta central para destrabar inversiones y redefinir los criterios de protección hídrica en cada jurisdicción.

En Mendoza, la Legislatura aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, abriendo formalmente la puerta al desarrollo de la minería del cobre en la provincia. Tras la promulgación de la ley por parte del gobernador Alfredo Cornejo, se iniciará un período de factibilidad de alrededor de un año. El emprendimiento —perteneciente a Zonda Metals GmBH y al grupo Alberdi, liderado por el presidente de la UIA, Martín Rapallini— prevé una inversión inicial de US$ 559 millones para producir cerca de 40.000 toneladas anuales de cobre fino desde 2028. En su etapa de mayor actividad, generará miles de empleos entre construcción y operación, y podría iniciar obras en 2027 si los estudios técnicos y financieros resultan favorables.

En cuanto a la Ley de Glaciares, el Gobierno propone una adecuación que permitirá a las provincias —titulares de los recursos naturales según la Constitución— determinar qué reservas hídricas proteger dentro de sus territorios. Esta flexibilización es vista con buenos ojos por las principales compañías mineras, ya que facilita la radicación de inversiones sin modificar la ley vigente de 2010 ni generar conflictos judiciales. Grandes jugadores del sector esperan esta definición para avanzar con proyectos multimillonarios: Vicuña Corp., integrada por BHP y Lundin Mining, prepara un informe técnico para desarrollar Josemaría y Filo del Sol, con un posible anuncio de US$ 15.000 millones en 2026; Glencore ya solicitó ingresar al RIGI por dos proyectos en Catamarca por US$ 13.500 millones; McEwen Copper —junto con Rio Tinto— avanza con Los Azules en San Juan; y First Quantum proyecta invertir US$ 3.600 millones en Salta.