El Presidente afirmó que el proyecto San Jorge representa, según sus palabras, “la instancia más cercana” para reactivar definitivamente la actividad minera en Mendoza, destacándolo como un punto de inflexión para el desarrollo económico provincial. Al mismo tiempo, aprovechó para lanzar nuevas críticas al kirchnerismo, al que acusó de haber obstaculizado durante años cualquier intento de impulsar inversiones productivas y proyectos extractivos en la región.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el proyecto minero San Jorge y pidió que la Legislatura mendocina lo apruebe, al considerar que representa una “enorme oportunidad” para el desarrollo económico de la provincia. A través de sus redes sociales, destacó que la iniciativa —rebautizada como PSJ Cobre Mendocino— será tratada mañana para su posible sanción definitiva. Según remarcó, la propuesta prevé una inversión de 600 millones de dólares para poner en marcha una mina capaz de producir 40.000 toneladas anuales de concentrado de cobre.

En su mensaje, Milei aprovechó para cuestionar al kirchnerismo, al que acusó de oponerse históricamente al sector privado y al crecimiento productivo. Señaló que estos posicionamientos han frenado el avance de proyectos clave durante las últimas décadas y aseguró que esta instancia es “lo más cerca que se ha estado” de reactivar la minería mendocina en veinte años. También elogió el perfil competitivo de la provincia, destacando su proyección internacional en la industria vitivinícola y su potencial para consolidarse como un polo minero. A su vez, reiteró que el desarrollo nacional dependerá de tres sectores estratégicos: el campo, la energía y la minería.

Mientras el Gobierno nacional impulsa la aprobación, en Mendoza crece el rechazo social a la propuesta. Vecinos, asambleas ambientales y organizaciones territoriales iniciaron la denominada Gesta Libertadora por el Agua, una caravana que avanza hacia la capital provincial para exigir que el Senado vote en contra de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. La movilización busca visibilizar los riesgos ambientales asociados a la explotación de cobre y oro en una región considerada especialmente vulnerable en términos hídricos.