El evento convocó a académicos, empresarios y referentes del sector ambiental con el propósito de analizar en profundidad el impacto de la actividad minera en Colombia. A lo largo de la jornada se destacó la necesidad de aplicar regulaciones rigurosas que garanticen prácticas responsables y sostenibles. 

La minería ha desempeñado durante décadas un papel clave en el desarrollo económico y social de Colombia, aunque su expansión siempre ha generado visiones contrapuestas. Mientras algunos sectores advierten sobre los riesgos que la extracción mineral puede generar en los ecosistemas y en las comunidades, otros subrayan su aporte a la generación de empleo, la actividad productiva y el crecimiento regional. En este contexto, el Gobierno reabrió el debate público con la presentación de un nuevo proyecto de Ley Minera orientado a la transición energética, la justicia social, la reindustrialización y el fortalecimiento del papel del Estado sobre los recursos naturales.

En medio de esta discusión, la Universidad Ean organizó un foro que reunió a académicos, empresarios y expertos ambientales para analizar el alcance de la nueva normativa. En el encuentro se afirmó que la minería puede desarrollarse sin constituir una amenaza cuando opera dentro de marcos regulatorios estrictos y con controles eficaces. Los panelistas coincidieron en que cualquier reforma legal debe proteger los ecosistemas, garantizar equidad social y combatir con firmeza la minería ilegal. Representantes del sector, como Luis Madriñán de Cerrejón, destacaron que la minería formal es una de las actividades más reguladas del país, con monitoreos ambientales permanentes y obligaciones de restauración de las áreas intervenidas.

El foro también abordó la significativa contribución económica y social del sector minero, que continúa siendo un motor clave para muchas regiones. Informes oficiales muestran que en 2024 las exportaciones mineras representaron una cuarta parte de las ventas externas del país y que la actividad genera cientos de miles de empleos directos e indirectos. En contraste, se advirtió sobre el crecimiento acelerado de la minería ilegal, asociada en gran medida a los altos precios del oro, que actualmente afecta a la mayoría de los departamentos y provoca daños severos en ecosistemas, fuentes de agua y áreas boscosas. Expertos como Carlos Londoño remarcaron la importancia de diferenciar claramente la actividad formal de la extracción ilícita, cuyos impactos ambientales son mucho más graves.

Desde el ámbito académico se impulsa una visión que concibe la minería como una oportunidad para la regeneración ambiental y el desarrollo sostenible. La rectora Brigitte Baptiste explicó que este enfoque propone que los proyectos mineros dejen los territorios en mejores condiciones que las iniciales y destacó el papel de las universidades en la producción de conocimiento, la innovación y el acompañamiento técnico. Los especialistas coincidieron en que el sector enfrenta desafíos urgentes vinculados a la ilegalidad, la protección de la biodiversidad y la necesidad de avanzar hacia una transición justa. En este sentido, la Universidad Ean enfatizó la importancia de mantener espacios de diálogo que permitan construir modelos productivos competitivos, socialmente responsables y alineados con las necesidades de las comunidades y de los territorios que dependen de la minería.