Si bien se preveía que los primeros conflictos judiciales en torno a San Jorge estuvieran vinculados a cuestionamientos ambientales, el proyecto acaba de recibir su primer reclamo formal por presuntos incumplimientos contractuales en una causa que ya ingresó al ámbito judicial. 

El 9 de diciembre será una fecha decisiva para el proyecto San Jorge. Ese día, mientras el Senado de Mendoza busca otorgar la aprobación definitiva para habilitar la explotación de cobre en Uspallata —lo que convertiría al yacimiento en la primera mina de la llamada “era del cobre” en Argentina—, los directivos de la empresa también deberán presentarse a una audiencia de conciliación civil. Allí intentarán evitar que avance un litigio por un supuesto incumplimiento contractual, un conflicto inesperado que aparece en paralelo a la discusión política sobre el proyecto.

El reclamo lo inició un estudio jurídico de Buenos Aires que asesoró a San Jorge en la causa por la constitucionalidad de la Ley 7722 ante la Corte Suprema de la Nación. Esa disputa derivó en la anulación parcial del artículo que prohibía el uso de “sustancias similares” al cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Aunque durante el debate legislativo se había puesto el foco en la solidez ambiental del proyecto, la primera demanda llegó desde un sector que inicialmente trabajó a su favor, lo que generó sorpresa tanto en ámbitos políticos como empresariales. El monto reclamado sería elevado, aunque la empresa asegura no haber sido notificada formalmente y sostiene que no tiene deudas pendientes.

La controversia judicial se suma a un contexto institucional complejo. Diversas voces en Mendoza advierten que, aun cuando las discusiones ambientales son las que concentran la mayor atención, cualquier aspecto técnico, administrativo o contractual podría terminar en los tribunales. El caso también inquieta en el sector minero, ya que podría agregar ruido a un proceso que venía avanzando con fuerte impulso político del Gobierno provincial y nacional. De hecho, funcionarios de distintos niveles ya habían intervenido informalmente para evitar conflictos previos vinculados con informes técnicos y comunicaciones oficiales.

Más allá del litigio, San Jorge enfrenta un futuro cargado de desafíos. La empresa deberá completar el estudio de factibilidad —un proceso clave para definir inversiones, costos, infraestructura y tiempos—, así como cumplir una extensa lista de exigencias ambientales, técnicas e hídricas incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental. Al mismo tiempo, el Estado provincial se prepara para el reto de controlar por primera vez una mina de cobre en construcción. Con una compañía de estructura accionaria internacional y un proyecto que podría aspirar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, los próximos meses serán decisivos para determinar si San Jorge logra avanzar hacia la explotación o si la causa judicial y los requisitos regulatorios frenan su desarrollo.