El Ministerio de Justicia fijó la nueva fecha para el 10 de noviembre de 2025 y estableció el cronograma de implementación en Posadas y La Plata para 2026.

El Ministerio de Justicia de la Nación decidió aplazar de forma “excepcional e improrrogable” la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. La nueva fecha establecida es el 10 de noviembre de 2025, a las 00:00 horas, según la Resolución 530/2025 firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona.

La postergación se fundamenta en la advertencia de la Procuración General de la Nación, que consideró que aún no se cumplían las condiciones técnicas, operativas y edilicias mínimas para iniciar el sistema acusatorio en CABA. Aunque el Gobierno nacional sostuvo que dichas condiciones ya estaban garantizadas, optó por posponer la implementación para evitar un “conflicto institucional” y ratificó su asistencia técnica y financiera a todos los actores del sistema.

En el mismo acto, el Ministerio de Justicia confirmó el cronograma 2026 para otras jurisdicciones: la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas comenzará a aplicar el nuevo código el 16 de marzo de ese año, mientras que la de La Plata lo hará el 18 de mayo. El resto del calendario se mantiene sin cambios, incluyendo la entrada en vigencia en Bahía Blanca el 29 de septiembre de 2025 y en Corrientes y Resistencia el 1° de diciembre de 2025.

La cartera recordó que la reforma, iniciada en 2014, ha tenido avances parciales y que la coexistencia de dos regímenes procesales perjudica la eficiencia judicial. También repasó las recientes etapas de implementación: Rosario en mayo de 2024, Mendoza en agosto de 2024, General Roca en noviembre de 2024, Comodoro Rivadavia en diciembre de 2024 y Mar del Plata en abril de 2025.

El Ministerio subrayó que la transición al sistema acusatorio no debe frenarse por limitaciones edilicias o tecnológicas. En un contexto de austeridad, aseguró que optimizará recursos, continuará la capacitación y completará el equipamiento necesario. Además, recordó que la nueva modalidad regirá sólo para causas iniciadas por hechos posteriores a cada fecha de entrada en vigor, otorgando un margen para reforzar capacidades antes de su plena implementación.

Finalmente, la resolución ordena notificar a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Casación Penal, a la Procuración General, a la Defensoría General, a la Comisión Bicameral del Congreso y al Ministerio de Seguridad, además de remitir la decisión al Boletín Oficial.