La ex presidenta enfrentará a partir del 6 de noviembre un nuevo juicio oral en la causa de los Cuadernos de las Coimas, considerada la mayor maniobra de corrupción en Argentina. Más de 140 imputados serán juzgados en un proceso con cientos de testigos y embargos millonarios.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada nuevamente a partir del 6 de noviembre en el marco del juicio oral por la causa conocida como Cuadernos de las Coimas. Este proceso investiga una red de supuestos sobornos sistemáticos durante sus gobiernos y el de Néstor Kirchner, que involucra a más de 140 imputados acusados de recibir pagos ilegales a cambio de contratos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, confirmó la fecha de inicio del juicio y mantuvo vigentes embargos que superan los 1.100 millones de dólares. Dada la complejidad y la cantidad de acusados, el proceso se desarrollará de manera virtual, algo poco habitual en causas de esta magnitud.

El caso fue elevado a juicio oral en 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio y es considerado por la Justicia como la mayor maniobra de corrupción de las últimas dos décadas en el país. La fiscal general Fabiana León calificó la investigación como la más extensa en la historia judicial argentina, destacando su impacto y alcance mundial.

La estructura delictiva supuestamente operaba desde el Ministerio de Planificación Federal, donde empresarios contratistas pagaban sobornos para asegurar adjudicaciones de obras y negocios estatales. La causa se sustenta en confesiones, testimonios de políticos y empresarios, informes de la AFIP, imágenes de cámaras y documentación bancaria.

El juicio contará con la participación de 630 testigos. Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita para cobrar coimas y direccionar contratos de obra pública. Actualmente, la ex presidenta cumple una condena de seis años en otro caso emblemático, Vialidad. Además de los embargos por más de mil millones de dólares, la Justicia evalúa posibles decomisos de bienes en caso de condena definitiva.